Sudán: histórico acuerdo de paz entre el Gobierno y grupos armados

Sudán del Sur firma un importante acuerdo de paz, pero algunos grupos rebeldes todavía se resisten. Aún así tres grupos importantes aceptaron el pacto con el Gobierno, incluidas las facciones de Darfur, donde se estima que más de 300.000 personas han muerto y 2,5 millones han sido desplazadas desde 2003.

Esta firma incluye dos conflictos diferentes: el de Darfur y el de Kordofán del Sur y el Nilo Azul. El pacto fue firmado por el Movimiento de Justicia e Igualdad de Darfur (JEM), el Ejército de Liberación de Sudán (SLA) de Minni Minawi, también de Darfur, y Malik Agar, líder del Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán-Norte (SPLM-N), de las regiones de Kordofán del Sur y Nilo Azul.

En contraste, dos facciones con la mayor presencia sobre el terreno en Darfur y el sur no firmaron. Se trata de un grupo importante del SPLM-N y otro del SLA dirigido por Abdel Wahed el-Nur. Sin embargo, el subjefe de la facción del SPLM-N, Yasir Saad Arman, declaró que los movimientos de resistencia podrían unirse después al acuerdo.

"Esto abrirá la puerta para aquellos que no vinieron (…) Es una gran oportunidad para la protección de los civiles", dijo Saad Arman.

Pese al marco de celebraciones con que fue recibida esta noticia, el Gobierno de transición enfrenta grandes retos, pues además de las facciones con las que aún deberá negociar, atraviesa por una crisis económica por lo que tendrá dificultades para costear el regreso de millones de personas desplazadas y el desarrollo regional prometido en el acuerdo.

"El principal desafío al que nos enfrentamos ahora es la implementación del acuerdo de paz y encontrar donaciones para hacerlo", dijo Jibril Ibrahim, líder del Movimiento de Justicia e Igualdad de Darfur (JEM), después de que él y los otros líderes rebeldes firmaran el acuerdo.

Los líderes firmaron el acuerdo en la capital de Sudán del Sur, Juba, donde se han mantenido conversaciones desde finales del año pasado.

¿Qué ofrece el acuerdo de paz?

Por primera vez, y tras varios acuerdos fallidos, tanto las autoridades como los rebeldes abordaron la propiedad de la tierra, el reparto de poder, la reforma del Ejército o la regulación de temas agrícolas, asuntos considerados como raíces profundas de la violencia en esta nación.

El pacto brinda a los rebeldes representación política y delegación de poderes, integración en las fuerzas de seguridad, derechos económicos y territoriales y la posibilidad de retorno de las personas desplazadas.

A nivel nacional, los rebeldes firmantes obtendrán tres escaños en el Consejo, cinco ministerios y una cuarta parte de los 300 escaños en el Consejo Legislativo de Transición, según informaron funcionarios sudaneses.

Los rebeldes también obtienen el 40% de los puestos en sus gobiernos regionales, que recibirán el 40% de los ingresos recaudados localmente, y un nuevo fondo pagará 750 millones de dólares anuales, durante 10 años, a las regiones empobrecidas del sur y el oeste del país.

Sudán está actualmente administrado por un Gobierno cívico-militar, con posibles elecciones para finales de 2022. Desde la expulsión del poder de Omar al-Bashir, en 2019, ha estado en vigor un alto el fuego entre las fuerzas gubernamentales y los rebeldes.

Los líderes civiles y militares que han compartido el poder desde entonces dicen que poner fin a los conflictos internos es una prioridad principal en el camino hacia la democracia. Analistas políticos indicaron que el acuerdo, aunque es importante e histórico, deja grandes vacíos.

Jonas Horner, analista senior en Sudán para el International Crisis Group, lo calificó como "una señal enormemente significativa de progreso para la transición", que allana el camino para la formación tardía de un Consejo Legislativo, pero afirmó que está lejos de ser integral y que el papel prominente de los grupos armados y el Ejército en las conversaciones de paz planteó dudas sobre su inclusión.

Durante décadas, Sudán ha estado dividido por conflictos regionales. Después de que el sur rico en petróleo se independizó, en 2011, un declive económico gradual alimentó las protestas que expulsaron a Omar al-Bashir del poder, quien además ha sido acusado por la Corte Penal Internacional, en 2009 y 2010, por crímenes de lesa humanidad.

Con AP, Reuters y EFE