Crisis humanitaria en las cárceles de Colombia es insostenible

La situación de las 120.000 personas que están detenidas en Colombia fue preocupante en 2015 y lo sigue siendo en 2016. Además del hacinamiento, hoy el deterioro en los servicios de salud amenaza con empeorar las condiciones en los centros de detención.

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Para los colaboradores del CICR que visitan a diario las cárceles del país, 2016 empezó con una sobrecarga de casos de detenidos que no han podido acceder a servicios de salud a pesar de sufrir complicaciones graves. Un ejemplo basta para mostrar la dimensión de la actual crisis humanitaria.

Al cierre de esta publicación, en una prisión de la región Pacífica, dos detenidos que habían sufrido fracturas en las piernas llevaban meses esperando una cirugía para remover los tutores externos, unas barras metálicas con clavos que estabilizan el hueso mientras sana. A pesar de que ya mostraban signos de infección y podían incluso perder las extremidades, su situación no se consideraba una urgencia vital, por lo que se les continuó negando la atención.

El CICR intervino para que se los examinara en un centro médico por fuera de la cárcel. Sin embargo, a pesar de nuestras gestiones, la autorización de la cirugía seguía pendiente al cierre de esta publicación.

Si para la población en general en Colombia es difícil el acceso a la salud por los tiempos de espera y las frecuentes negativas a prestar los servicios, para las personas privadas de la libertad estas complicaciones se multiplican. El solo hecho de salir del patio donde se encuentran recluidos, para ir a ver a un médico suele ser una odisea, pues deben arreglárselas para ser incluidos en una corta lista por la que compiten con los demás internos. Todo esto, únicamente para ser examinados. De allí a recibir un tratamiento las posibilidades se reducen aún más.

Encerrados y con escasas posibilidades de hacerse escuchar, muchas veces deben, simplemente, enfrentar sus dolencias sin ningún tratamiento de por medio. Desde el punto de vista humanitario, esta situación es insostenible.

Por nuestra experiencia de más de cien años visitando prisiones en todo el mundo, sabemos que las soluciones requerirán tiempo, recursos y, sobre todo, voluntad política, pero también, que las necesidades de la población carcelaria no pueden esperar más, y que es prioritario darles una respuesta.

El origen de la crisis

La agudización de los problemas de acceso a los servicios de salud en las cárceles tiene su explicación en el precario sistema de aseguramiento en salud que cobija a las personas privadas de la libertad, que ahora se encuentra en un período de transición hacia un nuevo modelo de prestación de servicios.

Mientras se hacen los reajustes, la falta de acceso continúa. El CICR, por tanto, ha incrementado sus esfuerzos de acompañamiento a las autoridades para que los cambios impliquen una mejora y no mayores limitaciones en el acceso a la salud. Los centros de detención atraviesan una difícil situación humanitaria desde hace años.

El factor más visible ha sido el hacinamiento que, en enero de 2016, se ubicó en alrededor del 54 por ciento, según cifras oficiales del INPEC. Esto significa que hay unos 43.000 reclusos de más en las prisiones, lo que equivale a siete veces la capacidad de la mayor cárcel del país, La Picota de Bogotá.

El verdadero problema

La falta de una política criminal eficiente y concertada entre las diferentes instituciones del Estado, como ha declarado públicamente el CICR durante años, ha llevado a un nivel insostenible de hacinamiento. ¿Qué significa para el CICR una política criminal eficiente? Significa, básicamente, resolver el dilema que hoy enfrenta Colombia entre dos formas de resolver la crisis carcelaria. La primera opción es ampliar la capacidad de los centros de detención a la par con la cantidad de personas que son enviadas a prisión. Esta solución es costosa e implica necesariamente grandes inversiones para poder mantener las condiciones mínimas de dignidad.

La segunda opción es aplicar las diversas medidas que contempla el sistema penal y penitenciario que son alternativas a la reclusión intramural, partiendo de la idea de que la privación de libertad es solo una de varias opciones.

Las demás alternativas, que implican una serie de requisitos estrictos de antecedentes y comportamiento, son: aplazar la pena por un período específico, otorgar prisión domiciliaria, enviar al detenido a casa o a un centro médico cuando está enfermo de gravedad, dar libertad condicional y vigilar al condenado mediante un sistema electrónico (por ejemplo, con un brazalete).

Contar con una política criminal coherente y ampliar el acceso a medidas alternativas de cumplimiento de las sanciones, acompañado de mejoras en las condiciones de vida en las cárceles, contribuiría a reducir el hacinamiento y sus consecuencias tanto de quienes siguen en prisión como de quienes estarían cobijados por otras formas de sanción.

Sabemos que, en un país acostumbrado a los frecuentes llamados a aumentar las penas, es menos polémico seguir enviando más condenados a prisión. Sin embargo, como muestra la crisis permanente en que se encuentra el sistema penitenciario, es hora de resolver la encrucijada y los avances deben empezar a tomar forma en 2016. Continuamos, como siempre, dispuestos a dar nuestros aportes para asesorar y encontrar soluciones.

Corte Constitucional se pronuncia sobre la crisis

En febrero de 2016, se conoció una decisión del máximo tribunal constitucional de Colombia sobre la situación de las personas detenidas. A través de su sentencia T-762/15, reiteró que existe un estado de cosas contrario a la Constitución por las precarias condiciones de detención.

La Corte insta a las instituciones del Estado a plantear soluciones e invita al CICR “como organización que vela por los derechos de las personas privadas de la libertad y que en su esfuerzo ha construido una serie de parámetros mínimos” a acompañar “el proceso de verificación de avances, retrocesos y dificultades en la situación carcelaria”.

Ante este pronunciamiento, el CICR se mantiene dispuesto a continuar con su labor humanitaria en las cárceles, así como con la asesoría a las instituciones del Estado, desde su conocimiento técnico e interés humanitario.

Somos humanos adentro y afuera

Las voces de los detenidos se hicieron escuchar en seis ciudades a lo largo de 2015 con una campaña del CICR. La iniciativa, realizada a propósito de los cien años de nuestras visitas a prisiones en el mundo, combinó arte e historias de vida para promover la dignidad de las personas que están tras las rejas. Esta campaña, llamada “Humanos adentro y afuera”, llegó a 8.000 personas en las instituciones del sistema penitenciario, las universidades, los medios y las prisiones con mensajes sobre la dignidad de los detenidos.

Nuestra acción humanitaria por la población carcelaria en 2015

En 2015, el CICR continuó con su labor más antigua en Colombia: la visita a centros de detención. También llamamos la atención de autoridades sobre la situación de estas personas.

• 71% de la población carcelaria de Colombia se benefició de las visitas del CICR, lo que equivale a 85.000 detenidos. Seguimos de cerca su situación para detectar posibles malos tratos y verificar su acceso a condiciones de reclusión y salud adecuadas. Luego de las visitas, emitimos 195 informes confidenciales a las autoridades penitenciarias con recomendaciones específicas sobre cómo mejorar la situación de los internos.
• Entre los detenidos cuyos casos seguimos de cerca, se cuentan encuentran 6.000 mujeres y 1.500 adolescentes recluidos en centros de rehabilitación.
• En 2016 expandiremos un programa de apoyo a detenidos con discapacidad, a través de la entrega de dispositivos ortopédicos y fisioterapia.
• El CICR brindó asesoría técnica al Estado para asegurar que la infraestructura de las nuevas prisiones cumpla con las normas internacionales, sobre todo en cuanto a las necesidades de las mujeres y los adolescentes. En diálogo con las autoridades, trabajamos para que se respetaran las garantías judiciales de los detenidos, en particular de los niños, niñas y adolescentes desvinculados de grupos armados.

Colombia es una de las 15 operaciones más grandes del CICR en el mundo. En 2015 el presupuesto de esta delegación fue de 33,3 millones de francos suizos, unos 100.000 millones de pesos (cambio promedio en 2015).